El conjunto filológico de la sociedad actual se cree en el derecho de corregir y juzgar el modo de hablar de la población, olvidando que la lengua trasciende a cualquier persona con independencia de su formación en castellano.
La lengua, por definición, es el sistema de comunicación oral y escrito de una comunidad, por lo que el concepto de falta ortográfica es totalmente compatible con el de la lengua si lo emplea todo un colectivo. No lo es, sin embargo, el criterio de los filólogos que desde sus academias rigen la normativización del español.
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| Que el máximo estudioso de una materia tenga la última palabra en la sociedad es un criterio no democrático y que sin embargo ha demostrado su completa utilidad. |
Visto así, la lengua es una identidad abstracta de un conjunto de gentes, la, quizás, única identidad nacional de un colectivo, y es abstracta e inmutable en su continuo cambio. Es decir, cada día se suman más palabras y errores, algo inevitable de enmendar en un proceso continuo. Aún así los organismos como la RAE siguen queriendo establecer criterios, normas, proyectos, para regular, racionalizar, algo caótico e irracional que cada día evoluciona.
No se trata de defender la anarquía lingüística. Se trata de comprender hasta qué punto el ser humano interviene en algo tan irracional e inherente a él como es el idioma. Algo que es incapaz de controlar y entender al no ser él la sociedad entera, sino particularmente un individuo. Algo, que, aunque variable en su continuo avance, contiene parámetros comunes, esto es, reglamentos que evitan que cada individuo hable un dialecto distinto que el resto de la sociedad. Porque si no fuera así, sería un conjunto de hablas particulares que nada tienen en común, y no constituirían una lengua.
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| Es algo loable que en una sociedad despreocupada por su lengua sus máximos estudiosos se afanen por convervarla en buen estado. |

